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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

Reflexiones para el Día Internacional contra la Corrupción

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, realizará por cuarto año consecutivo la “Semana de la Transparencia”, entre el 5 y el 8 de diciembre de 2017, uniéndonos a este esfuerzo mundial para crear conciencia del impacto negativo que este cáncer genera a las democracias y haciendo algunas reflexiones sobre el estado de la transparencia en nuestro país:

Distintos indicadores internacionales muestran que persisten altos niveles de percepción de la corrupción. Recientemente se reportó que El Salvador reprobó el indicador sobre el control de la corrupción que evalúa la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), siendo éste uno de los criterios que se deben cumplir para continuar siendo beneficiado por el FOMILENIO II. En 2016, este indicador obtuvo una puntuación de 59%, y en 2017 ha sido de 47%, esto representa una caída de 12 puntos porcentuales y un retroceso que debe alertar a todas las instituciones públicas para redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

En el año 2016 se descubrieron varios casos de corrupción de gestiones anteriores, que significaron el desvío de millones de dólares de las arcas públicas. No obstante, en 2017 estamos aún pendientes de ver resultados contundentes. Si bien un expresidente ha sido condenado civilmente por enriquecimiento ilícito, este se encuentra asilado ilegítimamente en Nicaragua, y quedan pendientes, respecto de él, investigaciones de otros posibles ilícitos penales. Además, guardan prisión preventiva un expresidente, un exfiscal y varios exfuncionarios por verse involucrados en casos de corrupción. La Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial deben responder de forma efectiva a la ciudadanía impartiendo justicia con respeto al debido proceso, y comprometiéndose con poner fin a la impunidad que nos caracteriza.

Preocupan retrocesos en materia de acceso a la información pública. El Presidente de la República no ha cumplido a cabalidad con la orden emitida por la Sala de lo Constitucional de entregar información relacionada con viajes oficiales y otros. Además, esta última ha limitado el alcance del acceso a la información en una resolución que contradice su amplia jurisprudencia previa. Adicionalmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública permanece incompleto, tratándose de una institución vital para promover la transparencia en el país. Hacemos un llamado a los funcionarios a respetar el derecho de acceso a la información y, en especial, a la Sala de lo Constitucional a que revierta criterios que limitan este derecho, reiterando su jurisprudencia en la cual reconoce que la información pública pertenece a los ciudadanos.

La elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de 2017 volvió a presentar vicios de inconstitucionalidad. Siendo una entidad clave para evitar la corrupción, la CCR históricamente ha hecho muy poco y las elecciones de sus funcionarios han sido el objeto de varios procesos de inconstitucionalidad, por considerarse que los diputados omiten realizar un proceso que verifique la honradez, experiencia, preparación profesional y la no afiliación partidaria de los postulantes. Exhortamos a la Sala de lo Constitucional a resolver cuanto antes el recurso que se les ha presentado, y a los actuales integrantes de la CCR a demostrar con sus actuaciones la independencia que manifiestan tener.

En 2018 tendremos importantes elecciones indirectas, puesto que se elegirá a 4 de los 5 magistrados que integran la Sala de lo Constitucional y se iniciará el procedimiento para elegir al Fiscal General de la República. Es imperativo que las personas que resulten electas para integrar la nueva Sala de lo Constitucional sean las más preparadas, independientes y comprometidas con la defensa de los principios democráticos. Todos los ciudadanos podemos incidir en estas elecciones, exigiendo a los candidatos a diputados que elegiremos en marzo de 2018 que se comprometan a realizar un proceso abierto, participativo y en el que se privilegie a los mejores candidatos para que integren esta Sala. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, debe asegurar la credibilidad de las elecciones de alcaldes y diputados adoptando la mayor transparencia en sus actuaciones.

La lucha contra la corrupción y la construcción de una cultura de transparencia requieren de la participación y la exigencia ciudadana, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, para ir transformando El Salvador en un país más próspero y que ofrezca mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.

San Salvador, 4 de diciembre de 2017.