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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

La ciudadanía debe defender los procesos de apertura e integridad en El Salvador

En general, en El Salvador, en tiempos recientes, se han observado acciones relevantes para frenar la corrupción y la impunidad. La población ahora cuenta con mejores herramientas para acceder a información y pedir cuentas a los funcionarios, a la vez que instituciones clave han activado investigaciones y procesos judiciales por enriquecimiento ilícito y delitos de corrupción. Las instituciones públicas y sus titulares, así como los partidos políticos y sus dirigencias, han visto reducida su opacidad y discrecionalidad. Desde luego, ésta es una tendencia de fortalecimiento institucional aún inicial, insuficiente, vulnerable y expuesta a reversión.

Y precisamente, en los últimos meses, las principales señales apuntan hacia el debilitamiento de la apertura, intentos de manipulación o debilitamiento de las instituciones de control y arreglos coordinados de encubrimiento, así como acciones claras para retroceder en lo logrado.

Lo más reciente fue la aprobación de reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio que, entre otros aspectos, elimina la presunción de origen o destino ilícito para el incremento patrimonial no justificado de funcionarios, exime a los implicados de probar el origen o destino licito de los bienes cuestionados, cede en administración a los mismos implicados bienes bajo medida cautelar, declara como cosa juzgada las investigaciones que sean archivadas e impone un plazo de prescripción corto (diez años).

Estas reformas sin duda constituyen hasta ahora uno de los golpes más duros a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero no son los únicos. Debe señalarse también una declaratoria de reserva por siete años de los expedientes en los que la Corte Suprema de Justicia resuelva que no tienen indicios de enriquecimiento ilícito, el otorgamiento arbitrario de inmunidades a dirigentes políticos, el reparto de cargos para seguir controlando partidariamente a la Corte de Cuentas, el silencio sobre el manejo de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República y la auto-anulación de la oficina de transparencia del Órgano Ejecutivo.

La corrupción y la impunidad causan enormes daños en términos de mala calidad de servicios, barreras para el acceso equitativo a oportunidades, distribuciones de recursos ineficientes y regresivas, así como prácticas excluyentes. Además, estos ataques de las dirigencias políticas en contra del fortalecimiento de la apertura y la integridad pública erosionan aún más la legitimidad y credibilidad de los partidos políticos, desalientan la inversión, la innovación y la competitividad, a la vez que erosionan la confianza en el país de parte de la comunidad internacional.

La Fundación Nacional para el Desarrollo, en su calidad de Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, hace un llamado a la ciudadanía para redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, no permitiendo que ni Gobierno ni los partidos políticos debiliten los procesos de apertura e integridad en la Administración Pública en los que nuestra sociedad está empeñada.

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