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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre corrupción, derechos humanos y el rol de los sistemas de justicia

Imágenes cortesía de DPLf

Sucre, Bolivia 
Feb. 15, 2019

Exposición sobre El Salvador

Nuestro sistema de justicia ha sido históricamente señalado por favorecer la corrupción y la impunidad. Sin embargo, en la última década el escenario ha mostrado signos de cambio. La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional. Se han abierto procesos judiciales contra ex presidentes por imputaciones de corrupción. A la vez, se están recuperando bienes de origen ilícito. En general, se ha experimentado una mayor independencia del Órgano Judicial. Esta particular situación puede tener su origen en una recomposición de las fuerzas políticas y en una demanda creciente de buen gobierno por parte de ciudadanía. 

A pesar de todo, los signos positivos no pueden ser considerados tendencias, porque muchos de los mecanismos estructurales que sostienen la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia siguen vigentes. Estos incluyen la interferencia partidaria sobre magistrados de Corte Suprema y otros funcionarios con atribuciones jurisdiccionales y de control; el clientelismo en la designación de jueces y colaboradores de tribunales; la falta de efectividad de las instancias de denuncia y de control interno; el riesgo de coacción sobre los operadores en un entorno de alta criminalidad y violencia; y la cultura del tráfico de influencias en el despacho cotidiano de los tribunales. 

En relación con los jueces de altas cortes y funcionarios de control, la forma más frecuentemente de interferencia es por medio del proceso de selección y nombramiento. Y en efecto, los hechos antes descritos han provocado que los partidos políticos hayan retomado una interferencia más activa por medio de las elecciones de segundo grado. El nombramiento unánime acordado en 2015 por los partidos del ex Fiscal Luis Martínez, quien ya recibió la primera condena judicial por haber montado una estructura criminal al interior de la Fiscalía, es el más grave ejemplo. 

También, mediante los nombramientos de magistrados en 2012, 2015 y 2018 se ha venido cambiando la correlación en la Corte Suprema de Justicia. Como resultado, los requerimientos de juicio por enriquecimiento ilícito han disminuido año con año. Más recientemente se dio el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, que recayó en un abogado vinculado directamente a uno de los partidos mayoritarios. Las elecciones de segundo grado se caracterizan por la ausencia de criterios para la evaluación de candidatos, la opacidad de las deliberaciones, la falta de fundamentación de los apoyos y la no existencia de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil. 

En resumen, en El Salvador estamos en un punto crítico. Por un lado, los avances en la lucha contra la corrupción se pueden mantener y ampliar; por el otro, las organizaciones corruptas pueden recuperar el terreno perdido. Por eso, la protección y el fortalecimiento del sistema de justicia es crítico. La atención que la Comisión ponga sobre esta problemática, en coordinación con otros esfuerzos de la comunidad internacional, son claves para que los avances se sostengan.

 

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